Democratizar la justicia
Antes de desarrollar el contenido del tema, quisiera mencionar que pensé en escribirlo simplemente para poder, de alguna manera, plantear interrogantes y desarmar algunas naturalizaciones que pudieran existir al respecto y poder reflexionar sobre el uso de las palabras (que en realidad trata de conceptos) y dejar de usarlos simplemente "porque están en los medios".
Intentaré pensar algunas líneas de por qué creo que "democratizar la justicia" no puede reducirse a la propuesta de someter a elecciones al Consejo de la Magistratura, reformar medidas cautelares y tribunales de casación, y lo creo, fundamentalmente, porque no estoy dispuesto a concebir al Poder Judicial como "la justicia", al menos no como sinónimos, puesto que el Poder Judicial ha resultado tantas veces un aliado a las mayores injusticias de nuestro país (como de tantos otros). No pretendo aquí un argumento estúpido como quienes se oponían al matrimonio igualitario porque estaban contra la institución del matrimonio en general, y pretendían sostener que era una oportunidad interesante para cuestionar la figura del matrimonio. Lejos de semejante estupidez (aún siendo alguien que cuestionaría esa institución), creo que no se nos debe escapar la posibilidad de plantear algunos debates acerca de qué significa "democratizar", de celebrar que se esté pensando a la "democracia" como un proceso y no como una entidad que se tiene o no se tiene en función de si hay elecciones o no las hay. Entender al Poder Judicial como algo que debe ser democratizado, que debe insertarse en un proceso de democratización permanente de la realidad de injusticias que vivimos es un punto a valorar. Ahora, lejos estamos de entender la democracia como un proceso de superación de injusticias si queremos agotar esa democratización con la existencia de procedimientos electorales. No es posible, no cuadra, no cierra.
Democratizar el Poder Judicial debería, en principio, ser un elemento más de un Plan de Democratización de la Justicia, y allí deberíamos integrar no sólo al Poder Judicial, sino a las Fuerzas Armadas, a la Policía Federal Argentina, a las policías provinciales, a los órganos de gobierno, a los ministerios, al sistema institucional educativo, al sistema de medios de comunicación estatales y públicos, a las empresas del Estado, entre otras tantas.
Planteado este punto, entendiendo que tal grado de sistematización en un plan de gobierno resulta altamente improbable, pero aún sosteniendo que no debería ser competencia del gobierno sino de la sociedad civil políticamente articulada, creo que sí debería pensarse la Democratización del Poder Judicial con la Democratización de las Fuerzas Policiales del Estado (Nacional y Provincial).
Posiblemente todos vimos alguna vez esa serie televisiva norteamericana que duró más de 15 o 20 años (de hecho creo que todavía sigue) llamada "la Ley y el Orden". Lejos de simpatizar con la forma en que articulan y proponen las virtudes de ese sistema que relaciona a las fuerzas policiales con fiscalías, jueces, defensores, querellantes, etc, sí me parece que afirma la idea de que cualquier intento de democratizar alguna de las dos cosas (policía o poder judicial) necesariamente debe pensarse en relación con la otra.
Y pienso en cómo se va encarando el Código de Faltas en Córdoba, desde las fuerzas políticas, sociales, culturales, etc en toda la provincia. Desde la quita de la figura de merodeo, a la derogación, pasando por la anulación, las propuestas son innumerables y la articulación se vuelve bien difícil. Perspectivas desde la Mesa de Derechos Humanos provincial, del Frente Organizado Contra el Código de Faltas, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, las agrupaciones estudiantiles, las organizaciones políticas, los partidos políticos, las asambleas barriales, el Encuentro de Organizaciones, las agrupaciones docentes, gremios de todo rubro y línea política, ponen en cuestión este código de faltas, y queda solo el gobernador y algunas fuerzas de derecha, junto con cámaras empresariales defendiendo que siga tal cual está. Lo cierto es que el Código está bien deslegitimado, lo cierto es que el código permite la criminalización de los pobres, de los pibes, de quienes viven en los barrios, de quienes no se visten como les gusta a los agentes policiales que se vistan los demás. Pero también es cierto que los insultos, las escupidas, los golpes, las torturas, las amenazas, las patadas, las acciones de discriminación, denigración, desvalorización, no son permitidas por ese código de faltas, por lo que no es el código de faltas el responsable de esos actos, sino los agentes policiales.
Esto no significa, que no se malinterprete, que el código no debe derogarse, anularse, modificarse o el verbo que mejor cuadre, el código es nefasto y debe cambiar, pero lo que intento decir es que no es la ley la que crea la realidad, son marcos creados por la realidad misma (que es de desigualdad jerárquica, económica, social y política) para actuar y establecer parámetros de lo legal y lo ilegal, de lo justo y lo injusto, de lo correcto y lo incorrecto, que permiten moverse a las personas, muchas de las veces pudiéndose salir de esos marcos en función de quién seas, a quién conozcas, a quién respondas, quién te cuida la espalda.
Si el código de faltas desapareciera, pero nada más que el código de faltas, la policía seguiría con "averiguación de antecedentes" insultado, golpeando, molestando, amenazando a cada vez más gente, aunque sin un marco legal bien bien beneficioso para ellos. Pero les armarían causas a quienes quieran criminalizar, los jueces actuarían en complicidad, y entrarían con causas armadas por tiempo indeterminado. Sí, es cierto, el código les permite meter 70mil detenciones anuales en Villa María (que tiene 100mil habitantes), quizás sin el código no podrían tener ese registro, pero posiblemente sí la misma cantidad de golpes, amenazas e insultos. El sistema policial está estructurado de una manera bastante horizontal, aunque no horizontalista, puesto que la enorme mayoría de los miembros de la policía son de los niveles más bajos del escalafón policial, dedicados casi íntegramente a patrullar las calles y perseguir a niños, jóvenes, que no tienen mínimas herramientas ni conceptuales, ni teóricas, ni legales, ni de ningún tipo para poder ver redes de delito, para identificar a los jefes narcos, a las organizaciones mafiosas que se involucran en actividades delictivas sistemáticas y masivas, mucho menos tienen herramientas, esa enorme mayoría de miembros de la policía, para descubrir delitos fiscales, delitos de agentes de la burocracia, de enriquecimiento ilícito de empresarios, de lobbies, de presiones a jueces, políticos, etc. Todo eso dejó de ser algo que trabaja la policía, el problema es que ya no hay nadie que lo haga, cada vez menos presupuesto en investigación policial/judicial y más en patrullas, armas, motos, chalecos para que salgan a buscar a pibes para llenar planillas, o a pibes consumiendo, o a pibes vendiendo, o a robos callejeros.
Claro, esto parte de naturalizar o desconocer a los delitos como partes de una organización sistemática (no en todos los casos, pero me atrevo a decir que es en la mayoría). El pibe que vende en la esquina, vende para alguien que le suministra qué vender. El pibe que roba en una casa, tiene alguien que le compra lo robado y lo revende en algún otro lado. Y tampoco quiere, la fuerza policial, reconocer que ella misma está enormemente implicada en la gran mayoría de estas redes, así como el poder judicial también (ya ahora lo voy poniendo con minúsculas).
Entonces, en este clima, la democratización del poder judicial debe articularse con la democratización de las fuerzas policiales, no con intención de que puedan controlarse mutuamente, como se plantea que los poderes deber equilibrarse, sino que el poder que debe lograr controlar a todos estos poderes es el Poder Popular (en esto recomiendo leer las leyes de transferencia del poder público nacional al poder popular en Venezuela, las leyes de Poder Popular, etc), algo que quizás no esté en la legalidad actualmente, pero que creo que crece día a día su legitimidad, aunque no tenga formas concretas y específicas, y muchas veces se entienda como intereses particulares, sectoriales, o generales y comunitarios (en esto, recomiendo leer lo que plantea Álvaro García Linera como una tensión creativa, libro que se encuentra gratuitamente en la página de la vicepresidencia de Bolivia entre interés particular e interés general).
Democratizar la policía y el poder judicial debe ser entonces la forma de dar, desde la organización popular, la discusión, el debate, la propuesta, la contrapropuesta que dé forma a la transformación cultural que no permita siquiera la posibilidad de sectores sociales racistas, xenófobos, discriminadores de toda forma y tipo. Pero fundamentalmente, antes de eso, las estructuras legales y estatales que nos permitan defendernos como pueblo organizado y poder pensar a la policía y al poder judicial no como "la ley y el orden" sino como "la democracia y la justicia".
Espero preguntas, discusiones, críticas... y les dejo un
Regalito para pensar pobreza y justicia
Intentaré pensar algunas líneas de por qué creo que "democratizar la justicia" no puede reducirse a la propuesta de someter a elecciones al Consejo de la Magistratura, reformar medidas cautelares y tribunales de casación, y lo creo, fundamentalmente, porque no estoy dispuesto a concebir al Poder Judicial como "la justicia", al menos no como sinónimos, puesto que el Poder Judicial ha resultado tantas veces un aliado a las mayores injusticias de nuestro país (como de tantos otros). No pretendo aquí un argumento estúpido como quienes se oponían al matrimonio igualitario porque estaban contra la institución del matrimonio en general, y pretendían sostener que era una oportunidad interesante para cuestionar la figura del matrimonio. Lejos de semejante estupidez (aún siendo alguien que cuestionaría esa institución), creo que no se nos debe escapar la posibilidad de plantear algunos debates acerca de qué significa "democratizar", de celebrar que se esté pensando a la "democracia" como un proceso y no como una entidad que se tiene o no se tiene en función de si hay elecciones o no las hay. Entender al Poder Judicial como algo que debe ser democratizado, que debe insertarse en un proceso de democratización permanente de la realidad de injusticias que vivimos es un punto a valorar. Ahora, lejos estamos de entender la democracia como un proceso de superación de injusticias si queremos agotar esa democratización con la existencia de procedimientos electorales. No es posible, no cuadra, no cierra.
Democratizar el Poder Judicial debería, en principio, ser un elemento más de un Plan de Democratización de la Justicia, y allí deberíamos integrar no sólo al Poder Judicial, sino a las Fuerzas Armadas, a la Policía Federal Argentina, a las policías provinciales, a los órganos de gobierno, a los ministerios, al sistema institucional educativo, al sistema de medios de comunicación estatales y públicos, a las empresas del Estado, entre otras tantas.
Planteado este punto, entendiendo que tal grado de sistematización en un plan de gobierno resulta altamente improbable, pero aún sosteniendo que no debería ser competencia del gobierno sino de la sociedad civil políticamente articulada, creo que sí debería pensarse la Democratización del Poder Judicial con la Democratización de las Fuerzas Policiales del Estado (Nacional y Provincial).
Posiblemente todos vimos alguna vez esa serie televisiva norteamericana que duró más de 15 o 20 años (de hecho creo que todavía sigue) llamada "la Ley y el Orden". Lejos de simpatizar con la forma en que articulan y proponen las virtudes de ese sistema que relaciona a las fuerzas policiales con fiscalías, jueces, defensores, querellantes, etc, sí me parece que afirma la idea de que cualquier intento de democratizar alguna de las dos cosas (policía o poder judicial) necesariamente debe pensarse en relación con la otra.
Y pienso en cómo se va encarando el Código de Faltas en Córdoba, desde las fuerzas políticas, sociales, culturales, etc en toda la provincia. Desde la quita de la figura de merodeo, a la derogación, pasando por la anulación, las propuestas son innumerables y la articulación se vuelve bien difícil. Perspectivas desde la Mesa de Derechos Humanos provincial, del Frente Organizado Contra el Código de Faltas, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, las agrupaciones estudiantiles, las organizaciones políticas, los partidos políticos, las asambleas barriales, el Encuentro de Organizaciones, las agrupaciones docentes, gremios de todo rubro y línea política, ponen en cuestión este código de faltas, y queda solo el gobernador y algunas fuerzas de derecha, junto con cámaras empresariales defendiendo que siga tal cual está. Lo cierto es que el Código está bien deslegitimado, lo cierto es que el código permite la criminalización de los pobres, de los pibes, de quienes viven en los barrios, de quienes no se visten como les gusta a los agentes policiales que se vistan los demás. Pero también es cierto que los insultos, las escupidas, los golpes, las torturas, las amenazas, las patadas, las acciones de discriminación, denigración, desvalorización, no son permitidas por ese código de faltas, por lo que no es el código de faltas el responsable de esos actos, sino los agentes policiales.
Esto no significa, que no se malinterprete, que el código no debe derogarse, anularse, modificarse o el verbo que mejor cuadre, el código es nefasto y debe cambiar, pero lo que intento decir es que no es la ley la que crea la realidad, son marcos creados por la realidad misma (que es de desigualdad jerárquica, económica, social y política) para actuar y establecer parámetros de lo legal y lo ilegal, de lo justo y lo injusto, de lo correcto y lo incorrecto, que permiten moverse a las personas, muchas de las veces pudiéndose salir de esos marcos en función de quién seas, a quién conozcas, a quién respondas, quién te cuida la espalda.
Si el código de faltas desapareciera, pero nada más que el código de faltas, la policía seguiría con "averiguación de antecedentes" insultado, golpeando, molestando, amenazando a cada vez más gente, aunque sin un marco legal bien bien beneficioso para ellos. Pero les armarían causas a quienes quieran criminalizar, los jueces actuarían en complicidad, y entrarían con causas armadas por tiempo indeterminado. Sí, es cierto, el código les permite meter 70mil detenciones anuales en Villa María (que tiene 100mil habitantes), quizás sin el código no podrían tener ese registro, pero posiblemente sí la misma cantidad de golpes, amenazas e insultos. El sistema policial está estructurado de una manera bastante horizontal, aunque no horizontalista, puesto que la enorme mayoría de los miembros de la policía son de los niveles más bajos del escalafón policial, dedicados casi íntegramente a patrullar las calles y perseguir a niños, jóvenes, que no tienen mínimas herramientas ni conceptuales, ni teóricas, ni legales, ni de ningún tipo para poder ver redes de delito, para identificar a los jefes narcos, a las organizaciones mafiosas que se involucran en actividades delictivas sistemáticas y masivas, mucho menos tienen herramientas, esa enorme mayoría de miembros de la policía, para descubrir delitos fiscales, delitos de agentes de la burocracia, de enriquecimiento ilícito de empresarios, de lobbies, de presiones a jueces, políticos, etc. Todo eso dejó de ser algo que trabaja la policía, el problema es que ya no hay nadie que lo haga, cada vez menos presupuesto en investigación policial/judicial y más en patrullas, armas, motos, chalecos para que salgan a buscar a pibes para llenar planillas, o a pibes consumiendo, o a pibes vendiendo, o a robos callejeros.
Claro, esto parte de naturalizar o desconocer a los delitos como partes de una organización sistemática (no en todos los casos, pero me atrevo a decir que es en la mayoría). El pibe que vende en la esquina, vende para alguien que le suministra qué vender. El pibe que roba en una casa, tiene alguien que le compra lo robado y lo revende en algún otro lado. Y tampoco quiere, la fuerza policial, reconocer que ella misma está enormemente implicada en la gran mayoría de estas redes, así como el poder judicial también (ya ahora lo voy poniendo con minúsculas).
Entonces, en este clima, la democratización del poder judicial debe articularse con la democratización de las fuerzas policiales, no con intención de que puedan controlarse mutuamente, como se plantea que los poderes deber equilibrarse, sino que el poder que debe lograr controlar a todos estos poderes es el Poder Popular (en esto recomiendo leer las leyes de transferencia del poder público nacional al poder popular en Venezuela, las leyes de Poder Popular, etc), algo que quizás no esté en la legalidad actualmente, pero que creo que crece día a día su legitimidad, aunque no tenga formas concretas y específicas, y muchas veces se entienda como intereses particulares, sectoriales, o generales y comunitarios (en esto, recomiendo leer lo que plantea Álvaro García Linera como una tensión creativa, libro que se encuentra gratuitamente en la página de la vicepresidencia de Bolivia entre interés particular e interés general).
Democratizar la policía y el poder judicial debe ser entonces la forma de dar, desde la organización popular, la discusión, el debate, la propuesta, la contrapropuesta que dé forma a la transformación cultural que no permita siquiera la posibilidad de sectores sociales racistas, xenófobos, discriminadores de toda forma y tipo. Pero fundamentalmente, antes de eso, las estructuras legales y estatales que nos permitan defendernos como pueblo organizado y poder pensar a la policía y al poder judicial no como "la ley y el orden" sino como "la democracia y la justicia".
Espero preguntas, discusiones, críticas... y les dejo un
Regalito para pensar pobreza y justicia
Lo leí...quisiera leerlo con más detenimiento...porque es como una naranja jugosa....y, por tanto, me gustaría sacarle más el jugo...Pero, por diversas circunstancias -que no vienen al caso comentar-, me dispongo sólo a dejar 2 puntas más para la reflexión y el debate: 1) una pregunta de Galeano: "¿Cuándo la Justicia dejará de ser injusta?"; 2) La propuesta de la elección directa de jueces y comisarios (sé que, al poner sólo esto, puedo caer en el triste consignismo...no es mi intención...quizás en otra oportunidad más me explaye...puedo decir, sí, que experiencias parecidas sólo hay en el caso ya histórico de la Comuna de París y, contemporáneamente, en Bolivia...hasta donde yo sé al menos). Abrazo embarr(i)ado!!!!!!
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